La Ley de Segunda Oportunidad

¿Tu negocio está ahogado en deudas y no ves salida?

La Ley de Segunda Oportunidad puede ser el respiro que necesitas.

Diseñada para autónomos y algunos tipos de empresas en apuros, esta normativa permite renegociar deudas, proteger tus activos y, en algunos casos, borrón y cuenta nueva.

En este artículo, te explicamos cómo funciona, sus beneficios y los requisitos para acceder a esta herramienta que podría marcar un antes y un después en tu situación financiera.

¡Es momento de recuperar el control! Vamos a verlo:

Uno de los mayores atractivos es la posibilidad de cancelar parcial o totalmente las deudas no garantizadas, como préstamos personales, facturas pendientes o tarjetas de crédito. 

Sin embargo, no todas las deudas son exonerables: 

➡️ Exonerables: Créditos ordinarios y subordinados, ciertos préstamos hipotecarios  

➡️ No exonerables: Deudas públicas (como Hacienda y Seguridad Social) más allá de los límites permitidos y créditos alimentarios.

Permite negociar con los acreedores quitas (reducciones de deuda) y esperas (aplazamientos de pago). 

Este acuerdo busca hacer viable el negocio, permitiendo que siga operando.  

Tras acogerse a la Ley y cumplir con las condiciones, las empresas pueden salir de listados como ASNEF y RAI, facilitando su reintegración al mercado financiero.  

En algunos casos, es posible mantener bienes fundamentales para la actividad empresarial, como vehículos o equipos necesarios para la operativa diaria.  

Para beneficiarse de esta ley, la persona o pequeña empresa debe cumplir con ciertas condiciones:  

✅ No haber actuado con dolo, negligencia o fraude en la gestión del negocio.  

✅ Aportar toda la documentación requerida para justificar la insolvencia.  

➡️ Autónomos: Facturación anual inferior a 700.000 euros y deuda máxima de 350.000 euros para acceder al procedimiento abreviado.  

➡️ Empresas pequeñas: Pueden acogerse siempre que demuestren su incapacidad para afrontar pagos.  

Es obligatorio intentar un Acuerdo Extrajudicial de Pagos antes de proceder a la liquidación.  

No haber solicitado este beneficio en los últimos 10 años ni haber rechazado ofertas de empleo adecuadas en los últimos 4 años.  

Es esencial reunir información financiera, incluyendo: 

– Balances y cuentas de resultados.  

– Listado de acreedores y deudas.  

– Activos y bienes de la empresa.  

Se realiza ante el Juzgado de lo Mercantil, acompañado de un abogado especializado y un procurador.  

Si la solicitud es admitida, se inicia una negociación con los acreedores. Este acuerdo puede incluir:  

– Reducción de la deuda (quitas).  

– Aplazamiento de pagos hasta un máximo de 5 años.  

Si no se alcanza un acuerdo, la empresa puede:

– Optar por liquidación: Venta de todos los bienes para pagar deudas prioritarias.  

– Establecer un convenio judicial: Plan de pagos que permita continuar operando.  

Tras completar el proceso, un juez decide qué parte de las deudas restantes puede ser cancelada.  

– Deudas públicas superiores al límite legal (Hacienda y Seguridad Social).  

– Créditos derivados de delitos económicos o sociales.  

– Pagos obligatorios relacionados con empleados.  

Si se demuestra que la insolvencia se produjo por mala gestión o fraude, el deudor puede enfrentar sanciones como inhabilitación.  

Ventajas:  

– Ayuda a mitigar las consecuencias de una mala racha económica.  

– Ofrece una salida viable sin liquidación inmediata.  

Críticas:

– Los límites de deuda pública pueden excluir a muchas empresas.  

– Requiere tiempo y recursos legales que no todos los negocios pueden asumir.  

Sí, pero con limitaciones.

Las quitas sobre deudas con Hacienda y Seguridad Social tienen un tope de 10.000 euros.  

El proceso pasa a la fase de liquidación, donde se venden los activos para pagar a los acreedores.  

En algunos casos, sí, si son esenciales para la actividad empresarial.  

Si te encuentras en una situación financiera crítica, te recomendamos buscar asesoramiento legal especializado. 

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